Sin duda que la actual situación social y económica no es tan grave como lo era en la cresta de la ola de la crisis de 2007 pero si como para plantear ciertas ayudas al sector inmobiliario, entre elllas las ayudas al aquiler.
Por lo pronto, el sector financiero privado posee liquidez, cosa que no sucedía en aquellos tiempos infaustos. La bancarrota financiera y de las grandes empresas no es un fantasma que recorra los mercados y el panorama social.
Pero sí es cierto que la desaceleración de la demanda de los tres últimos meses como consecuencia del estado de alarma y de la forzosa paralización de la actividad de la mayor parte de los mercados, han producido cuantiosas pérdidas que tardarán todavía un tiempo -si bien no muy prolongado- en recuperarse.
Ello ha repercutido, naturalmente, en el mercado laboral. Lo que decimos no es, por supuesto, un secreto para nadie. La sobreabundancia de despidos y de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) ha creado una coyuntura laboral que se ha resentido sensiblemente de esta general congelación y enrarecimiento del panorama económico.
La recuperación del mercado, recuperación del alquiler
La recuperación no tardará demasiado, según los analistas de los mercados coinciden en sostener, y son ya muchos los que están recobrando su empleo con normalidad después de la momentánea angustia de los ERTEs.
Pero también es cierto que toda recuperación requiere tiempo, y, entretanto, ello también incide en una desaceleración (por cierto que cada vez menor) del mercado de la vivienda.
Los analistas del sector afirman que el papel de la vivienda pública y de las ayudas al alquiler desempeñarán un papel altamente positivo, que contribuirá de por sí a estabilizar los precios inmobiliarios para un mejor saneamiento del sector.
Así se establece, por ejemplo, en el último informe del Banco de España sobre la intervención pública en el mercado del alquiler de la vivienda: una revisión de la experiencia internacional. En él, se analizan de manera comparada las experiencias de diversos países en lo que concierne a la intervención pública en las ayudas al alquiler.
La situación actual de las ayudas estatales al alquiler en España
Las ayudas públicas a los arrendamientos no son algo que meramente esté en la agenda del Gobierno, sino que ya ha sido impulsado por una medida legislativa de emergencia ante la situación de congelación económica que se padecía en marzo: se trata del Real Decreto-ley del 31 de ese mes, en que se establecían, entre otras, las siguientes medidas concretas:
– El arrendador no podrá subir los alquileres en los seis meses posteriores a marzo: es decir, hasta septiembre inclusive de este año, con lo que se pretende ofrecer un respiro a los arrendatarios que transitan por dificultades económicas.
– Si el propietario de los inmuebles es un fondo de inversión o un gran tenedor (y por tal se entiende el que posee más de 10 inmuebles) el inquilino podrá demorar el pago de las rentas hasta cuatro meses a partir de abril (es decir, hasta agosto exclusive). Además, para la devolución de tales rentas, el propietario puede decidir entre la quita del 50% de la deuda o una reestructuración de esta en los tres años venideros.
– Se ha aprobado también una línea de microcréditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedidos a través de los bancos privados con aval del Estado, para ayudar a los inquilinos en situación de especial vulnerabilidad, y que podrán devolverse en los próximos seis años, plazo prorrogable por otros cuatro años más.
– Se suspenden los desahucios por seis meses desde el fin del estado de alarma (que, recuérdese, aún no ha finalizado).
A todo ello hay que agregar que el Ejecutivo ha creado un fondo extraordinario de 100 millones de euros para financiar tales ayudas.
Es, por lo tanto, un buen momento para seguir pagando el alquiler mientras la situación remonta.
