Con la aprobación por el Gobierno del anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, se prevé también algo que dará mucho que hablar, y es nada menos que la primera ley estatal de la vivienda en toda la historia de nuestra reciente democracia. En este horizonte legislativo, se prevé, asimismo, establecer un bono joven de alquiler que no se halle limitado por la renta mensual.
La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló en una rueda de prensa de los alquileres de 600 € al mes como límite de las ayudas incluidas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Sin embargo, en determinadas circunstancias, tales ayudas podrían elevarse hasta los 900 € en total cada mes.
Según la ministra, el bono joven irá destinado a personas de entre 18 y 35 años de edad que se encuentren trabajando y cuyo salario al año no exceda de los 23.725 €: es decir, tres veces y medio el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En palabras de la dignataria gubernamental, tales subsidios serán concedidos, por lo tanto, a los jóvenes que se encuentren en un arco vulnerable del IPREM.
En estos inminentes Presupuestos Generales del Estado, habrá créditos de un total de 200 millones de euros para la financiación de este bono joven de alquiler. Se enmarcan dentro de las reformas de la próxima Ley Estatal de la Vivienda, que han sido muy mal acogidas en algunos sectores políticos y sociales.
La oposición al gobierno, encabezada por el Partido Popular, ya se ha mostrado abiertamente hostil a estas medidas. Pablo Casado afirma que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, afirma que no las aplicará.
Una medida de la que se beneficiarán unos 50.000 jóvenes
Entre diversos profesionales del sector inmobiliario, el paquete de anunciadas reformas de la venidera Ley también ha sido acogido con tirantez. Este ha sido el caso del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (COAPI), que cree que las medidas reguladoras gubernamentales avivarán el mercado negro de la vivienda. En esta provincia concreta, la hostil acogida de las reformas se debe a que, según el mencionado colegio profesional, no existen zonas tensionadas en el mercado de Arrendamiento Inmobiliario de los municipios castellonenses.
Cabe añadir, no obstante, que no pocos agentes y consultores Inmobiliarios igualmente se hallan muy incómodos con las medidas de la próxima legislación de la vivienda en su conjunto. De hecho, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) sostiene que, de llevarse estas a cabo, contribuirían a menguar la oferta, y ello repercutiría muy negativamente sobre la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda. Es decir, que se lograría exactamente todo lo contrario de lo que se pretende desde el Ejecutivo.
Otros temores asociados a la nueva legislación serían la llegada de distorsiones pon las desigualdades en la aplicación o no de las medidas por parte de las diversas comunidades autónomas. También la posible paralización de los proyectos de obra nueva es otro de los aspectos que suscitan desconfianza entre los profesionales del inmueble.
Se espera que el bono joven de alquiler para la vivienda, beneficie, en principio, a entre 40.000 y 50.000 jóvenes españoles. Ha de tenerse muy en cuenta que, en la actualidad, España es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con un menor número de viviendas en alquiler social (tan sólo un 2’7%). También desde el sector inmobiliario se insiste reiteradamente en la necesidad acuciante de aumentar de forma más que notoria el parque de viviendas públicas.
Además, no pocos expertos, como los economistas del Banco de España, afirman que las medidas del bono joven podrían influir bien poco en los precios finales. De nuevo, las medidas inmobiliarias gubernativas se ven envueltas en una densa y brumosa aureola de polémica. Quizá el tiempo despeje las incógnitas.
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