Alquiler

El Gobierno financiará un seguro de impago de alquiler para jóvenes

seguro de impago de alquiler para jóvenes

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciado recientemente la creación de un seguro de impago de alquiler para jóvenes. Con este seguro, se cubriría el eventual impago de la renta inmobiliaria por inquilinos jóvenes, con una prima que no podrá sobrepasar el 5% del alquiler anual.

Este seguro habrán de solicitarlo los propios inquilinos jóvenes, con el requisito previo de que ha de tratarse de perceptores de ayudas al arrendamiento. Concretamente, este seguro público se destinará a los jóvenes que ya son perceptores de ayudas al alquiler de 285 € mensuales.

Serán las comunidades autónomas, a quienes se han transferido las competencias en materia de vivienda, las que decidan el grado de aplicación de estas ayudas.

¿Qué requisitos se han de cumplir los beneficiarios?

Otras condiciones generales de este seguro consisten en que ha de ser solicitado por arrendatarios de entre 18 y 35 años de edad, con alquileres que en la mayor parte del país no podrán ser superiores a los 600 € al mes, excepto en áreas especialmente tensionadas como Barcelona y Madrid, dónde podrán alcanzar los 900 € mensuales.  

Asimismo, los ingresos de los solicitantes del seguro de impago de alquiler para jóvenes no podrán sobrepujar el triple del indicador público de renta de efectos múltiples: algo menos de 24000 € anuales. Sin embargo, dicha cuantía podrá ser incrementada 5 veces en caso de discapacidad o bien de hijos a cargo, al igual que sucede con el resto de ayudas recogidas por el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno español.

El beneficiario del seguro será el propietario arrendador de la vivienda, y la ayuda se hará efectiva cuando el solicitante pueda acreditar justificadamente el motivo del impago de la renta: así por ejemplo, haber perdido su empleo.  

El Ejecutivo ha declarado que su pretensión es que las ayudas comiencen a funcionar en el próximo año 2022. Por ello, el Plan Estatal de Vivienda será llevado al Consejo de Ministros este mismo mes de diciembre. La inversión total de dicho plan será de nada menos que 5.520 millones de euros. De esta cuantía, 2.970 millones serán destinados actuaciones de rehabilitación residencial, y otros 1.100 millones se destinarán a avales bancarios para que las comunidades de propietarios pueden llevar a cabo las rehabilitaciones comunes.  

Por su parte, mil millones de euros serán destinados a la construcción de 20000 viviendas de alquiler social, y otros 450 millones, a la financiación de las deducciones fiscales que incentiven tal actividad. 

Además, Raquel Sánchez ha afirmado que el 30% de las viviendas de alquiler social será destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años. Todo ellos enmarca en las ayudas a los jóvenes y las familias con menos recursos para el acceso a la vivienda, entre las que se encuentra también el llamado bono joven para la emancipación y el acceso a la vivienda. 

El anteproyecto de Ley de la Vivienda continúa siendo objeto de no pocas lacerantes controversias, hasta el punto de que ayuntamientos como el de la capital española y Comunidades Autónomas como la de Madrid, afirman tajantemente que no la aplicarán, o tan solo la aplicarán parcialmente, para así evitar sus aspectos considerados más “lesivos”.  

Destacados miembros de la patronal española, como Manuel Pérez, presidente del Círculo de Empresarios, sostienen qué medidas como la regulación del precio de los arrendamientos o el recargo de hasta el 150 % del IBI de las viviendas vacías tan solo darán lugar a productos de mala calidad, la mengua de la oferta, y la proliferación del mercado negro. Por lo tanto, la polémica continúa: los efectos de esta batería legislativa, tan esperada por unos y temida por los otros, están aún por ver. 

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