Este mismo mes de mayo, el pleno del Congreso de los Diputados, ha aprobado el proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación edificatoria. Ello en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este proyecto tiene su origen en el Real Decreto Ley aprobado en octubre de 2021 para regular los fondos europeos que impulsen la rehabilitación de viviendas y la construcción de pisos sociales.
En este preciso momento, la Ley de Rehabilitación se encuentra en tramitación en el Senado. Si este introduce modificaciones en el proyecto de ley, el Congreso tendrá que votar tales cambios. El proyecto ha contado en la Cámara Baja con un amplísimo consenso a su favor. Solo dos formaciones se han abstenido, y solo una ha votado en contra.
¿Cuáles son las ventajas de la nueva Ley de Rehabilitación?
Por lo pronto, esta nueva ley contiene nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Estas deducciones se aplican a las cantidades que se hayan invertido en rehabilitaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda. Además, incluye una nueva línea de avales para financiar esas rehabilitaciones.
A ello hay que añadir que se reforman la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley del Suelo. El objetivo de estas modificaciones es facilitar los acuerdos en las comunidades de propietarios, simple y no de tres quintos, para poder llevar a cabo las obras que mejoren la eficiencia energética de la vivienda. También, para que con dichos acuerdos se puedan efectuar obras de instalación de energía renovable, o solicitar préstamos, canciones y ayudas, así como cualquier otro instrumento de financiación de tales obras.
Además, se establecen garantías que faciliten la recuperación de cantidades pendientes de pago. Así por ejemplo se contemplan soluciones como el arbitraje o la posibilidad de solicitar el embargo preventivo. Todo ello agilizando en lo posible los trámites y procedimientos judiciales, e incluso sin la necesidad de depositar garantía.
Las novedades principales son que se concede prioridad a la eficiencia energética a la hora de planificar y decidir estas inversiones, y que se concede plena capacidad jurídica a las comunidades de propietarios para solicitar préstamos ayudas con que financiar aquellas.
La oposición parlamentaria ha conseguido que se apruebe la exención del IRPF para las ayudas y subvenciones recibidas por autoconsumo, almacenamiento e instalaciones térmicas, que hayan sido financiados con fondos europeos.
Cierta polémica sobre el alcance de la Ley
Por supuesto, el alcance de la ley no ha estado exento de controversia. La portavoz de Vivienda del PSOE, Eva Bravo, sí ha hecho hincapié en su importancia para cumplir con los objetivos de rehabilitación del plan de recuperación, Transformación y resiliencia de la Unión Europea.
Sin embargo, la portavoz de la misma área en el Partido Popular, Ana María Zurita, ha puesto en tela de juicio el alcance de esta norma. Los argumentos que aduce para ello son los de los muy limitados objetivos de eficiencia impuestos, y la escasez de convocatorias de ayudas por Comunidades Autónomas.
Las formaciones políticas más reacias a apoyar esta norma, como el PDeCat, sostienen que las comunidades y los propietarios con rentas más bajas van a tener serias dificultades para poder completar las deducciones. Sin embargo, el mismo partido sí apoya medidas incluidas en esta misma Ley, como que las comunidades tengan más facilidades para cobrar impagos, o la exigencia del respeto medioambiental como condición para las reformas.
A pesar de las varias polémicas, si puede observarse que esta nueva normativa supone, en todo caso, un avance cualitativo para la implantación y generalización de la eficiencia energética en las viviendas españolas.
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