La colaboración público-privada es invocada a menudo como solución inmediata en estos tiempos inciertos de crisis y metamorfosis del mercado, y también del mercado inmobiliario.
Ello está dando lugar a polémicas varias, y el actual Ejecutivo rema ya en ese sentido, como atestigua el ya controvertido borrador del Real Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La aspiración fundamental de esta medida legislativa de urgencia es promover la recuperación ecomómica mediante el impulso estatal, reformando incluso la Administración para así agilizar trámites y eliminar rémoras en el ánimo de colaboración del sector público con el privado.
¿Hasta qué punto inciden estas actitudes políticas y administrativas en el build to rent?
Para adentrarnos en el asunto, primero necesitaríamos una perspectiva global de lo que va a significar esta nueva medida en la dinámica de la recuperación económica española:
– Todos los proyectos financiados con el presupuesto asignado al Plan de Recuperación conocerán una tramitación excepcional de urgencia, con una reducción de la mayoría de los plazos a la mitad y, por lo tanto, un procedimiento mucho más ágil.
– Se simplifican numerosos contratos del sector público: para ello, se eleva el umbral de cuantía de los contratos que han de recibir un procedimiento abierto simplificado abreviado (lo que muchos llaman “procedimiento abierto super simplificado”), con muchos menos trámites que el ordinario.
Así, los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y los de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 100.000 euros, que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual (en este caso, fundamentalmente servicios de ingeniería y arquitectura), seguirán tal procedimiento simplificado.
– El enmarañado régimen de informes y autorizaciones de la contratación pública se simplifica.
– También se flexibiliza notoriamente la posibilidad de subcontratación de terceros por el cesionario del contrato público.
¿Qué quiere decir todo esto, en resumidas cuentas? Que se abre un cauce y un momento privilegiados de colaboración público-privada, que puede beneficiar sobremanera los inversores inmobiliarios.
Por esta razón, resulta especialmente interesante hace algunas puntualizaciones sobre cómo pueda ello incidir en un segmento actualmente tan rentable, sólido y jugoso como es el de la edificación para el alquiler de apartamentos: el build to rent.
Una colaboración en marcha
Sea como fuere, esta colaboración público-privada viene surtiendo efectos a nivel local desde hace meses: así, en Barcelona, durante el mes de octubre, cuatro empresas pasaron la última fase para formar parte de una empresa municipal mixta público-privada: Vivienda Metrópolis Barcelona/ Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), cuyo objetivo es la construcción de 4.500 viviendas en 6 años.
Además, ya con el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, se promovía la edificación de vivienda social mediante la colaboración con promotores privados y la creación de empresas mixtas.
Por tales razones, es fácil de prever que la el build to rent orientado hacia la vivienda social conocerá un impulso más que considerable en los próximos meses, y se vea favorablemente afectado por el renovado vigor de la entente entre los sectores público y privado.
Con un régimen de vivienda social ya asentado y la inclinación del Estado a facilitar y agilizar los trámites y la propia contratación pública con empresas privadas, el build to rent así orientado será una opción muy interesante en poco tiempo, si es que no lo es ya. Además, el Plan de Vivienda 2018-2021 prevé muy abundantes ayudas tanto para empresas como para inquilinos.