Con la intención declarada de retornar la maltrecha economía hispana del momento presente al “crecimiento y la recuperación”, el Consejo de Ministros acaba de poner un nuevo paquete de ayudas gubernamentales sobre la mesa.
En este caso, con un procedimiento legislativo de urgencia que habrá de ser convalidado posteriormente por las Cortes Generales. No obstante, ya ha entrado en vigor desde el día 6 de julio.
Se trata del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. Es un extenso texto jurídico (nada menos que 52 artículos, sin contar con las cinco Disposiciones Adicionales y las nueve Finales, más los cinco artículos suplementarios del anexo).
La finalidad es impulsar el resurgimiento de la economía española y la creación multitudinaria de puestos de trabajo allá donde se experimentaba una considerable contracción.
Las líneas de actuación de esta nueva ley de urgencia se perfilan en varios frentes básicos, que vamos a compendiar aquí, para que también el empresario privado del sector inmobiliario pueda beneficiarse del apoyo de estas ayudas gubernamentales.
Como opera esta nueva ley en la economía y donde irán destinadas las ayudas gubernamentales
La forma de operar de esta nueva ley en la economía española puede resumirse sumariamente así:
– Una nueva línea de avales financieros. 40.000 millones de euros son canalizados ahora a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para respaldar nuevos proyectos inversionistas en el tejido productivo español. Tal masa de dinero público se destinará a subsidios al sector financiero para que esta pueda ofrecer créditos más ventajosos.
Esta fase de ayudas ha seguido a otra previa e inicial en que lo que se priorizaba eran las puras y meras necesidades de liquidez de las empresas privadas. Ahora que muchas empresas, incluyendo microempresas y pymes, ya tienen capital circulante, ahora se pretende que gocen de créditos financieros en condiciones muy favorables para así poder invertir.
En las próximas semanas, las características específicas de esta Línea de Avales, sus tramos y su porcentaje de cobertura, serán aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros. Con las líneas de avales ya activadas anteriormente por el Gobierno, se han movilizado ya unos 100.000 millones de euros.
– Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Se trata de una línea de ayuda específicamente dirigida a empresas no integrantes del sector financiero y que se han visto afectadas negativamente por la pandemia y que estén transitando actualmente por serias dificultades temporales.
Estas ayudas son gestionadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, antiguo Instituto Nacional de Industria). Se articulan a través de instrumentos diversos: préstamos, adquisición de deuda, y participaciones de capital público en las empresas privadas mediante suscripción de acciones y otros procedimientos.
Entre estos sectores estratégicos que se verán beneficiados de las ayudas del SEPI, se encuentra el sector inmobiliario.
– Auxilio al sector turístico. Este sector, absolutamente primordial en la economía española de este momento histórico, disfrutará de una línea de ayudas específica. Ello se debe también a que, lógicamente, con el confinamiento y la restricción de los desplazamientos tanto internacionales como incluso interautonómicos e interprovinciales, tan importante sector se ha visto notoriamente perjudicado.
Se han aprobado ayudas gubernamentales para la digitalización del sector turístico, impulsado la sostenibilidad de destinos rurales y de interior para reactivar el turismo interno, y además, ofrece una moratoria para los inmuebles turísticos, y que se han visto damnificados por la actual pandemia. Obviamente, este no será, ni mucho menos, el único de los beneficios que tal Real Decreto-ley comporte para el sector inmobiliario.
